Vivimos en la actualidad una sobreexposición al concepto de “fake news” inducida en gran medida por los propios medios de comunicación. El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel creado en enero de 2018 por la Comisión Europea "para asesorar sobre las iniciativas políticas para contrarrestar las noticias falsas y la desinformación difundida en línea" señalaba, sin embargo, que el término "fake news" no era el más adecuado para referirse al fenómeno, y recomendaba el de desinformación como alternativa (Comisión Europea, 2018a). En su glosario sobre los trastornos de la información, la UNESCO (2018) fue aún más específica y, haciéndose eco de la categorización de First Draft (una ONG lanzada en 2015 para luchar contra el impacto de los trastornos de la información), abogó por diferenciar entre disinformation ("información falsa y creada deliberadamente para perjudicar a una persona, grupo social, organización o país"), misinformation ("información falsa pero no creada con la intención de causar daño") y malinformation ("información basada en la realidad, utilizada para infligir daño a una persona, grupo social, organización o país"). En este ejercicio de mayor precisión terminológica radica un primer paso necesario para identificar el fenómeno; aunque, antes de plantear propuestas para combatirlo, es preciso reflexionar sobre el impacto potencial de estos trastornos informativos en la calidad cívica de nuestras sociedades.